Equívoco constitucional.

En toda la vida política de España se ha deslizado fraudulentamente un equívoco gravísimo que los políticos, unos han perpetrado traicioneramente, otros, irresponsable, ingenua y cobardemente han consentido en él. Se trata del sentido y significación de la mera existencia de parlamentos autonómicos. Una cosa es lo que es y significa en realidad jurídicamente según la Constitución esta institución política, y otra distinta, lo que se imagina que son. La apariencia y analogía, unida a la acción positiva de los interesados y a la inhibición de los partidos y periodistas han acentuado este equívoco aumentando la divergencia entre lo que son y lo que se cree que son estos parlamentos regionales.

Como los nacionalistas tienen muy claro su deseo y muy firme su voluntad, en toda su terminología e interpretación inyectan ésta en todo a cuanto alcanzan. Así la suposición de que estos parlamentos son la expresión de la voluntad política de cada región. Pero esto, sencillamente, es, mientras exista la nación española, imposible y contradictorio, porque es el caso que la única voluntad política plena es la de la nación española, pues suya es la soberanía desde el siglo XIX. Y estamos ya hartos de oír "los vascos quieren" o "los catalanes quieren" o "los andaluces quieren", etc. Es menester decirlo una vez más, pero con palabras que entiendan hasta los que no quieren entender: Sencillamente, estos colectivos ni quieren ni pueden querer nada que no quiera la Nación española. Y los gobiernos regionales gobiernan y los parlamentos regionales legislan única y exclusivamente sobre los aspectos o competencias que la nación española en uso de su soberanía permite. Y ningún derecho telúrico, divino o humano restringe esta potestad exclusiva de la Nación soberana de organizarse como mejor le venga en gana o le convenga en cada momento. Y así, lo mismo que hay gobiernos y parlamentos regionales única y exclusivamente por la voluntad soberana de la nación española reflejada en su Constitución y en sus Cortes, puede perfectamente en el momento que mejor le parezca o le convenga suprimir estos parlamentos y gobiernos regionales, y organizarse de otra forma, es decir, sin ellos. Buenas razones económicas, liberalizadoras y de autoconservación no le faltan.
Pero, al ser esto así como lo es mientras exista España como nación soberana, la mera existencia de tales parlamentos regionales introduce el equívoco fundamental. Pues, como queda dicho, no tienen otra legitimidad que la de la Constitución española, pero su actuación se lleva a cabo en nombre, no de esta voluntad nacional, sino de otra, de la regional, y no en pro de los intereses nacionales, sino de los regionales. Reforzada esta ambigüedad por las declaraciones y terminología inequívocas de los nacionalistas y cómplices, queda bastante borrosa esta concepción fundamental del sujeto de soberanía, dando lugar a gravísimas consecuencias, pues, de ésta interpretación fraudulenta de los parlamentos regionales y regiones, se derivan las consecuencias lógicas.
Imagino que estas frases habrán causado sorpresa en algunos. Pero estoy seguro que entre estos no habrá ningún nacionalista, porque ellos lo saben muy bien. Y como lo saben, lo combaten con todo tipo de medios; desde la aparente inocua imposición de la toponimia en las lenguas reconstruidas, hasta los asesinatos, pasando por la persecución del español, la fraudulenta historia en el sistema educativo, y hasta algunos tan torpes y ridículos, que da vergüenza señalarlos por el éxito que obtienen, como son los del doble lenguaje que sus líderes e ideólogos suelen usar, que mientras con una mano de prestidigitador hacen ridículos pases mágicos para distraer a los niños, con la otra actúan.
A ver si es posible que periodistas y políticos (tanto del PSOE como del PP) se enteren ya de una vez: No es posible un acuerdo verdadero en esta cuestión de soberanía entre nacionalistas y nacionales. Ya lo saben desde el principio. Y no puede ser de otra forma, porque cualquier mínima cesión por parte de España en términos de soberanía, lleva como consecuencia necesaria a su desintegración. Y si tras 25 años de pruebas y evidencias, alguien todavía no entiende y asume que los nacionalistas todos, CIU, PNV, etc., no persiguen otra cosa que esta soberanía o independencia, mejor es que se abstenga de entrar siquiera en consideraciones políticas y sociales.
Cada vez que en los medios de comunicación se emplea esta terminología, se inyecta su interpretación bastarda o ilegítima. De manera que, por favor, no nos hablen tanto de sociedad vasca o pueblo catalán, ni de asociación de fontaneros o criadores de perros, ni del municipio de San Jenjo o la comarca de Calatrava, como si tuvieran alguna eficacia política, porque, primero, en cada uno de esos colectivos habrá de todo; segundo, sus mayorías, en términos de ejecución política, fuera del ámbito que la nación les permite a través del orden constitucional, nos traen en verdad sin cuidado; y tercero, porque la poca fuerza que tienen, les viene como regalo al suponérsela.